Mérida, Yucatán a jueves 20 de noviembre de 2025
Follow
La dieta de los diputados locales debe reducirse en un 50 por ciento comparado al que actualmente cobran, ya que es totalmente desproporcional comparado con la realidad económica que se vive en el Estado de Yucatán, señalo el Licenciado en Derecho, Victor Manuel Ramírez Gurubel, candidato a Maestro en Derecho Procesal Constitucional y de la Convencionalidad por la Universidad Interglobal “Campus Mérida”.
De acuerdo con el especialista, los 78,880 pesos mensuales que cobra un diputado local, no corresponden ni con los salarios que se pagan a trabajadores y profesionista en el Estado, mucho menos a la calificación que le dan los ciudadanos por la labor legislativa que realizan.
Esa cantidad es una verdadera burla para los ciudadanos, pues contrasta con los 2,415 pesos que gana un trabajador de salario mínimo. Es decir, con lo que gana un legislador local se les podría pagar a 32 trabajadores.
El especialista fue entrevistado, con relación a su proyecto de tesis, “La irracional percepción económica de los legisladores en el Estado de Yucatán, con relación a sus capacidades y responsabilidades del cargo”, que presentó el sábado 23 de septiembre, junto con otros especialistas de la Universidad Interglobal “Campus Mérida”, durante su Primer Coloquio de Posgraduados “La Investigación Jurídica como Herramienta Eficaz para Mejorar la Vida”.
Actualmente –dijo- hay estudios especializados como el elaborado por Conaval que señalan que los hogares yucatecos tienen un ingreso equivalente de 2 salarios mínimos, cantidad que les sirve para atender las necesidades que se generan entre los integrantes de cada hogar.
Si tomamos esa estadística, entonces tenemos que con el sueldo de los 25 diputados que integran el Congreso del Estado, se podrían cubrir las necesidades de 800 hogares yucatecos.
Para el profesional del derecho, la popularidad de los legisladores ante la ciudadanía se encuentra hoy por los suelos, no solo por la gran diferencia entre los sueldos de los legisladores con relación a los trabajadores, sino porque hay una percepción ciudadana de que los legisladores cobran demasiado comparado con el trabajo que realizan.
Y digo que es una percepción, porque con la legislación actual no se puede medir, ni en cantidad ni en calidad, el trabajo que realizan los legisladores, pues su única obligación es asistir a las sesiones del pleno y de comisiones.
Dijo que es preocupante que tampoco exista legislación para acotar un aumento en la percepción de los legisladores, por lo que si mañana se ponen de acuerdo todos los diputados para incrementar su dieta no tendrían ningún problema en hacerlo.
Si no lo han hecho hasta ahora, dijo, es por la presión social que les caería encima y no por la falta de ganas de incrementar su dieta.
Por ello, siguió, es necesario que se legisle para establecer un tabulador de dietas, sueldos y salarios, pero que se apegue a una realidad social y económica del Estado.
Por el momento que atraviesa el país, señaló, todos debemos “apretarnos” el cinturón, incluso los legisladores y no solo los ciudadanos.
El especialista aclaró que el trabajo de investigación que realiza no trata de ninguna manera de atacar a algún partido político o institución de gobierno, sino presentar una propuesta real y apegada a derecho que permita mejorar la institución legislativa.
Definitivamente el tema de las dietas de los diputados locales –dijo- no las abordo desde el punto de vista político sino legal.
Asimismo, dijo que su investigación encontró también una falta de herramientas legales para poder medir o calificar la actividad que realizan nuestros legisladores locales, pues como señala no hay forma de fincarle obligaciones y responsabilidades a los legisladores que puedan ser medibles mediante un análisis real que pueda establecer una diferencia en el trabajo de cada diputado.
Si bien la legislación establece que las responsabilidades de un legislador tienen que ver con su actividad de creación y aprobación de leyes, de fiscalización a los órganos de gobierno y de su función administrativa y de análisis de perfiles en el nombramiento de los funcionarios de los Consejos u órganos autónomos. Lo cierto es que no establece bajo que parámetros es medible dicha actividad.
Por lo anterior, el especialista propone en su tesis que el 50 por ciento de la reducción del salario. Es decir, 34,440 pesos pueda ser incluido en un fondo de recuperación para cada diputado.
Esto, dijo, permitiría conocer la labor de los legisladores ya que para acceder a ese fondo, a través de un reembolso, tendría que justificar en que actividades legislativas utilizo el dinero, pues estaría sujeto a un control de comprobación de gastos.
Si los ciudadanos y las autoridades están sujetas a un control de comprobación de gastos a través de la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, respectivamente, porque los diputados no -indico.
Aclaro, que aunque un legislador podría alcanzar el mismo sueldo que actualmente tiene, no sería lo mismo que actualmente, ya que ahora sí justificaría su trabajo.
Por último, el especialista en derecho explicó que contrario a lo que señalan los diputados, en el sentido de que el sueldo de los legisladores no puede reducirse, esto si es posible, pero dicha reducción tendría que proponerse en esta legislatura para que se aplique en la otra legislatura, pues una ley no puede aplicarse de manera retroactiva.