Colectivos y activistas se preparan para presentar la Ley Ociel Baena el próximo 23 de noviembre en el Congreso del Estado de Puebla. Esta iniciativa surge como respuesta al reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Jesús Ociel Baena Saucedo, una persona no binaria y magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. La propuesta legislativa tiene como objetivo principal abordar la diversidad sexual en todas las investigaciones de la Fiscalía y sancionar los discursos de odio que afectan a la comunidad LGBT+.

El trágico suceso de la muerte de Ociel Baena, encontrado sin vida junto a su pareja, ha generado conmoción y movilización en Puebla. Activistas y colectivos han denunciado el aumento de discursos de odio dirigidos hacia Baena en meses previos a su muerte. Desde su perspectiva, estos mensajes contribuyeron a un clima que propició su asesinato. Sin embargo, la Fiscalía de Aguascalientes sostiene que la muerte fue provocada por la pareja de Baena, Dorian Daniel, quien presuntamente le causó una herida en la yugular con una navaja de afeitar.

La Ley Ociel Baena consta de dos iniciativas fundamentales que buscan abordar diferentes aspectos para garantizar la protección de la diversidad sexual. La primera iniciativa propone reformar el Código Penal para sancionar los discursos de odio, especialmente aquellos que constituyen una apología al delito. Según Emmanuel Melchor Geminiano, secretario de diversidad sexual en Red Jóvenes x México del PRI-Puebla, esta medida es crucial para desalentar la emisión de discursos que atentan contra la vida.

La segunda iniciativa se enfoca en modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía, con el objetivo de integrar la perspectiva de diversidad sexual en todas las investigaciones, de manera similar a los casos de feminicidios. Geminiano destaca la importancia de que la institución judicial juzgue con una perspectiva diversa y no se cierre a considerar la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.

Mientras algunos activistas, como María José Serrano, líder de la Asociación para la Protección Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), sostienen que la sanción a discursos de odio es crucial para prevenir tragedias como la de Ociel Baena, otros, como APPS, abogan por un enfoque educativo y preventivo en lugar de punitivo. La polarización de opiniones destaca la complejidad de abordar estas cuestiones en la sociedad poblana.

Desde la semana pasada, María José Serrano ha estado "cabildeando" estos temas con Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Será el 23 de noviembre cuando se presente la propuesta en tribuna, se le dé lectura y se remita a comisiones, marcando un hito en la lucha por la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Puebla.

Este es un paso significativo para la comunidad LGBT+ en Puebla, que busca garantizar la igualdad, protección y respeto hacia la diversidad sexual, construyendo un camino hacia una sociedad más inclusiva y justa.